Desigualdad, discapacidad y movilidad

El Derecho a la Ciudad es un derecho individual y colectivo para todos los habitantes, donde el territorio que habita debe ser considerado un espacio de ejercicio y garantía de los derechos, a fin de asegurar la distribución y el beneficio equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que ofrecen para todos sus habitantes.

Entre estos derechos se encuentra la capacidad de movilidad urbana, la cual aún hoy en día restringe a ciertos grupos o se producen prácticas discriminatorias de accesibilidad diferenciada o desigual. 

 

La desigualdad ha sido estudiada y medida principalmente en términos de ingreso económico, por medio del análisis de la distribución de la riqueza en la sociedad. Sin embargo, en los últimos años ésta no solo debe basarse en el orden económico; ya que las relaciones de poder no son solamente de clase, sino que también pueden atribuirse a identidades de género, etnia, cultura, religión o sexualidad e incluso con grupos vulnerables. 

Mientras, la desigualdad se refiere al proceso de posicionamiento, distribución y apropiación inequitativa de los recursos sociales, políticos, económicos y culturales entre los miembros de una sociedad, incorporando no sólo recursos materiales sino también a recursos inmateriales e intangibles como tiempo, poder y libertad. 

La exclusión social refiere a las limitaciones de acceso y participación a dichos recursos, lo cual coarta las posibilidades que ciertos miembros de la sociedad tienen para insertarse participativamente en las dinámicas y procesos de desarrollo existentes en ésta, generando quiebres en la cohesión social. 

Resulta importante lograr la inclusión de todos los grupos vulnerables como lo son los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, y evitar sigan existiendo desigualdades hacia estos grupos. 

La Discapacidad en los esquemas de movilidad urbana 

La Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como todas las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación como resultado de deficiencias, en el marco de las interacciones entre el individuo y sus factores contextuales ambientales y personales. 

La valoración de la inclusión en los distintos ámbitos implica una mayor o menor capacidad para la participación social; la cual aspira a ser plena y efectiva, en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

En este sentido, una de las principales capacidades para lograr la integración, es el poder desplazarse libremente de un lugar a otro. Debido a que la movilidad afecta varios aspectos de la vida cotidiana, en términos de cómo moverse, establecerse o afincarse. 

Limitar la movilidad, por la ausencia de mecanismos y medios de transporte público a personas con discapacidad, supone una restricción para el logro, ya sea de la participación efectiva o el ejercicio de la libertad sustantiva dentro de la sociedad. 

Las limitaciones más habituales en el transporte público enfrentadas por las personas con discapacidad son la falta de programas eficaces, barreras físicas en las unidades, falta de información, discontinuidad en la cadena de rutas, falta de accesibilidad en los trayectos peatonales, así como la falta de sensibilización del personal operario. 

 

En México de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación ENADIS 2017 el 25.1% de las personas con discapacidad manifestaron haber experimentado discriminación en al menos un ámbito social, los espacios donde se percibió de mayor forma fueron en la calle y el transporte público.

Necesidad de un Sistema de transporte público incluyente

La movilidad cotidiana urbana permite incorporar nuevas perspectivas que hacen posible cuestionar y problematizar la forma como se conforman los vínculos y relaciones sociales entre los habitantes de la ciudad.  De este modo, la movilidad cotidiana urbana constituye una práctica social cada vez más masiva, recurrente y compleja. Por esta razón, el estudio de las estrategias y experiencias en este sentido permiten sustentar un enfoque crítico para analizar las relaciones sociales urbanas y particularmente aquellas que conlleven a procesos de inclusión social. 

La responsabilidad no es solo del Estado: mediante el mejoramiento de la cobertura e infraestructura, con líneas específicas de uso, con paraderos accesibles, unidades equipadas y la capacitación de sus operadores; una real transformación social, debe comenzar por la conciencia ciudadana encaminada a una cultura de la aceptación, donde entendamos que todos tenemos derecho y que nuestros espacios deben ser accesibles, universales (en términos de disponibilidad a toda la población) y que la libertad de movimiento debe romper las brechas de desigualdad existentes mediante el acceso a servicios de transporte de manera general y adecuada para todos.

 

*Dr. Alejandro Guzmán Ramírez, Académico – Investigador Departamento de Arquitectura. División de Arquitectura, Arte y Diseño. Universidad de Guanajuato,  alejandroguzman06@gmail.com

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