A siete años de contar con una Ley Estatal de Movilidad en el estado de Guanajuato que aborda a la movilidad de manera integral y promueve el desarrollo orientado al transporte, es momento de preguntarnos qué necesitamos para que no siga siendo letra muerta y aterricemos por fin una política pública de movilidad que haga tangible todos aquellos conceptos plasmados en la ley.- La respuesta está en cuatro aspectos fundamentales que provienen de los cuatro ejes básicos para que una política pública funcione y de los cuales ya les platicaba en la ocasión anterior, las leyes, los instrumentos, el presupuesto y la participación ciudadana.

El primero de esos cuatro aspectos radica en la vinculación de la Ley de Movilidad con el Código Territorial del estado. Es necesario que ambas leyes hablen el mismo lenguaje y no se contrapongan como sucede hoy en día; por un lado, la Ley de Movilidad nos habla de la jerarquía de la movilidad que pone primero a las personas y de la movilidad sustentable, pero por otro lado el Código Territorial aún responde a una lógica de la ciudad del automóvil.

También es importante la generación de instrumentos, hoy en día ya se cuenta con un Programa Estatal de Movilidad y los municipios comienzan a generar sus propios programas, pero es imperante comenzar con la elaboración de manuales que garanticen la elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública y de obra privada adecuados para la movilidad sustentable y la accesibilidad universal en nuestras calles y espacio público.

Como tercer punto necesitamos un gasto público más equitativo, ya que en la realidad la mayor parte de los recursos asignados para la ejecución de infraestructura para la movilidad (casi el 70%) se destinan a obras que benefician directamente al automóvil particular, como los grandes distribuidores viales y puentes. Por lo que la creación de reglas de operación del presupuesto que ponderen el otorgamiento de recursos, priorizando los proyectos de movilidad urbana sustentable, como los sistemas de transporte público y las calles completas, ayudaría a equilibrar el uso de los recursos.

Por último y no menos importante, se encuentra la elección para la adquisición de la reserva territorial. Con frecuencia encontramos edificios públicos ubicados en terrenos alejadas de los centros de población, en zonas dispersas sin la cohesión urbana suficiente para garantizar una movilidad accesible, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables y pobres de la población, y por otra parte colaborando al encarecimiento de los servicios públicos.

Todo esto hace necesaria la creación de mecanismos para que la asignación de recursos destinados a la edificación de equipamientos urbanos, sólo sean aprobados en terrenos urbanamente consolidados, que reduzcan al máximo las distancias de desplazamiento de la población. Sin duda existen más factores que pueden abonar a consolidar una política pública de movilidad en nuestro estado, pero si de algo estoy completamente seguro es que necesitamos pasar de la retórica a la acción.