Con el comienzo del nuevo siglo en el que nos encontramos, el tema de la movilidad empezó a abordarse de una manera distinta en nuestro país. Se abrió la posibilidad de comprender el concepto de manera más amplia y con una visión humana, las personas somos las que al final del día nos desplazamos, no los coches o los vehículos motorizados. Y qué mejor que promover algo que reforzaba la dignidad humana y los valores de la sustentabilidad, sobre todo que no se continuara dañando al medio ambiente.

Poco a poco las autoridades fueron adoptando esta nueva corriente y los estados de la república comenzaron a legislar en la materia. Hasta que llegó el año 2016 en el que el estado de Guanajuato decidió crear su propia Ley Estatal de Movilidad.

En ese momento pocas entidades podían presumir tal ley, que para ese entonces resultaba incluso vanguardista por los conceptos que incluía, pero sobre todo, porque ponía al centro de la movilidad a las personas reflejando tan situación en la jerarquización de la movilidad ahí plasmada.

Primero los peatones, en segundo lugar las bicicletas, en tercer lugar el transporte público, posteriormente el transporte de mercancías y al último lugar los vehículos de motor. Realmente está idea aparte de darle su lugar a las personas y el medio ambiente, proporciona igualdad en las ciudades. Ofreciéndole a los más vulnerables las mejores condiciones para poder vivir la ciudad.

En ese lejano 2016 pocos comprendieron la magnitud de la ley, y quizá los ojos de la opinión pública miraron más hacía la apertura y las regulaciones que contemplaba para el servicio de los taxis por plataforma digital, que para aquel momento resultaba imperante regular. Así que pasaron los años y a pesar de dicha legislación la movilidad parece no haber mejorado. Hemos visto proyectos interesantes, pero muy puntuales, producto de iniciativas particulares y aisladas de algunas autoridades o grupos sociales.

Pero no hemos visto la implementación de una política pública de movilidad bien establecida, que haya dado resultados sistemáticos en los municipios del estado.

Los cuatro pilares que componen la práctica de una política pública son las leyes, los instrumentos, el presupuesto y la participación ciudadana, es momento de preguntarnos qué nos falta para echar a andar la maquinaria que lleve la teoría plasmada en la esencia de esta ley, a hechos reales y tangibles en las calles de nuestro estado. En el siguiente artículo daré continuidad para hablar de las soluciones.